La cuenta regresiva hacia la decisión de la Corte Suprema sobre el tarifazo de gas (que podría aplicarse a electricidad y agua corriente) tensa la relación del gobierno nacional con la oposición, que aspira a debatir dos proyectos de ley para aplicar un esquema escalonado de ajustes, y también hacia dentro del oficialismo, más después de que el dirigente radical Ernesto Sánz vaticinara el último martes que “las tarifas van a ser corregidas, se van a reestructurar”.

Ignorando ese pronóstico, y tras los fallos del jueves que frenaron el ajuste de la tarifa de gas en todo el país y suspendieron por tres meses el aplicado a la electricidad en la provincia de Buenos Aires, la cartera de Energía, que conduce Juan José Aranguren, anticipó que “daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado”, lo cual implica que apelará los fallos.

No hay que pagar

En tanto, según las organizaciones de defensa de los usuarios, esos fallos habilitan a que la gente no pague los montos facturados en base a los nuevos valores.

El abogado de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Osvaldo Riopedre, afirmó que “"no hay que pagar"” hasta que la Corte decida si deja firme, o no, el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió los aumentos. Según Riopedre, el fallo “"suspende todos los aumentos de gas y lo hace retroactivo a las tarifas de marzo, por lo que tienen que refacturar y no hay que pagar, por lo menos hasta que el gobierno apele y se conceda el recurso"”.

Un tanto más allá va Héctor Polino, de Consumidores Libres, al sostener que “"el gobierno debería obligar a las empresas a que manden nuevas facturas con los valores viejos”. También sería viable, señaló, la opción de “ir a la empresa y pedir pagar sin el aumento”".

Por el lado de las distribuidoras de gas, el diario BAE Negocios detectó gran preocupación ante la ola de consultas del público, por lo cual algunas ya se preparan para devolverles a los clientes el incremento abonado con la última factura, si la Corte confirmara los amparos. Obviamente, las empresas recomiendan pagar ya y esperar lo que decida la Justicia.

Ante semejante panorama, el suspenso judicial desvela al gobierno. Así lo dejó en claro ayer el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, advirtiendo que, sin aumento de tarifas, el costo de la energía “se pagará con impuestos y recursos del Tesoro, y eso generará inflación”. En declaraciones radiales, Pinedo justificó las tremendas subas en las tarifas, al señalar que “la Argentina se iba a quedar sin energía, y sin energía no hay trabajo”. Según el senador, la Corte deberá brindar una solución “integral”. Pero, para él, eso significaría que “si la gente no puede pagar, deberá pedir la tarifa social, que hoy llega al 30 por ciento de la sociedad”.

Desde otro ángulo, la oposición parlamentaria apunta a salir del atolladero con una ley. Según el diputado nacional Sergio Ziliotto (Bloque Justicialista-La Pampa), autor de un proyecto ya presentado, debería adoptarse un esquema de tres pagos para los ajustes de gas, electricidad y agua. Su idea es pagar ahora 33 por ciento y el 66 restante entre julio y diciembre del año próximo. A partir de allí, Ziliotto plantea congelar esas tarifas hasta 2018.

También la diputada Liliana Schwindt (Frente Renovador-UNA) presentaría su propio proyecto en estos días, apuntando a morigerar el impacto del ajuste más allá de la tarifa social. Se trata de que el tarifazo no termine cayendo sobre la clase media y las pyme, que aportan el 80 por ciento del empleo.