Tierra arrasada. Esa parece haber sido la política configurada por Ricardo Echegaray en los ocho años en los que comandó la Administración Federal de Ingresos Públicos. Así se desprende de los informes sobre los estados contables que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizó en el ente recaudador entre 2014 y 2015, y cuyos resultados se dieron a conocer este año.

Falta de documentación para justificar pagos por cerca de $800 millones, causas judiciales que ponen “en riesgo” el financiamiento de la entidad, delegaciones sin escriturar, falta de mantenimiento o habilitación correspondiente, ausencia de controles, descuido general de los bienes muebles e inmuebles. 

Estas irregularidades, advirtió la AGN, fueron informadas a Echegaray a través de los años, durante los que, además, se reiteró la ausencia de respaldo documental o falta de controles en operaciones como licitaciones, contrataciones, pago a proveedores y gastos en general.

La mayoría de estas falencias fueron reflejadas en la auditoría aprobada en abril de este año, mientras el exgarante de la impunidad K presidía la AGN, cuando todavía resistía pese a la multiplicidad de procesamientos en su contra, los que, finalmente, precipitaron su salida en agosto pasado. Pero cuando el cuerpo de auditores del órgano que hoy encabeza Oscar Lamberto puso la lupa sobre la AFIP, Echegaray prefirió “abstenerse” de participar en el debate en torno a su malograda gestión.

Las cuentas, en rojo

Según los registros contables cerrados en diciembre de 2015, la AGN comprobó que Echegaray se fue de la AFIP con “deficiencias que afectan la certidumbre e integridad” del organismo y, como advirtió en períodos anteriores, no fue posible constatar la “cancelación de sus obligaciones enmarcadas en los regímenes de consolidación de deuda del Estado Nacional por $43,6 millones”.

En tanto, el ente recaudador tampoco pudo certificar el pago de “aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social y por asignaciones familiares de los agentes de la AFIP” por $758.495.148,96.

En otro orden, y según se desprende de datos aportados por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, los letrados de la AFIP, intervinientes en la catarata de causas judiciales iniciadas contra el ente en la década anterior, adeudaban el 95% de las cuotas fijas que deben aportar al Colegio por cada acción judicial. Incluso, el Colegio presentó un amparo contra el Estado Nacional, acusando que, solo en el ejercicio 2013, había 96.584 bonos impagos.

Entre las deudas contraídas por el organismo recaudador en la era K, también aparecen reclamos de empresas prestadoras de los Servicios de Preembarque por $9,8 millones.

Sumado a esto, la AGN recordó que el financiamiento de la AFIP se halla “afectado” por resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 24 de noviembre de 2015 falló a favor de las provincias de San Luis, Santa Fe, La Pampa y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al declarar la inconstitucionalidad en el recorte de la coparticipación federal.

Como en las demás áreas analizadas, en materia judicial los auditores también reiteraron la “limitada confiabilidad de los datos respaldatorios”, la “ausencia de control contable de las causas” y “falta de documentación”.

Más arbitrariedades

Fueron reiteradas las ocasiones en que la AGN le advirtió a Ricardo Echegaray sobre las “deficiencias en los procesos de compras y contrataciones, con problemas en la planificación de las mismas, falta de antecedentes de estudios de precios para estimar presupuestos, limitaciones en los antecedentes utilizados para la elaboración de pliegos, difusión sin comunicación a asociaciones o con la invitación a un oferente, autoentrega de certificado fiscal para contratar vencido el tiempo del dictado de la disposición”, etc.

En el tren de esas discrecionalidades, también aparece la disposición nº 611 que la AFIP dictó como “procedimiento de excepción para la atención de gastos derivados de eventos institucionales, ceremonial y protocolo”, justificándose en las “dificultades” que se le presentaban para organizar “eventos institucionales” porque, a su entender, el régimen vigente no brindaba “respuestas expeditivas para concretarlas”. Para la AGN, no quedan claras las “condiciones excepcionales”, “necesidades” o “urgencias” que justificaran apartarse del régimen general, ya que los eventos debían “programarse con la debida anticipación para hacer uso de alguno de los mecanismos de contratación previstos”.

Tampoco a los ojos de los auditores la AFIP pudo justificar por qué en 2014 “seleccionó, capacitó e incorporó 347 agentes”, en su mayoría, en la Dirección General Impositiva que conducía Ángel Rubén Toninelli, a raíz de un presunto “requerimiento excepcional de dotación”. Bajo la misma modalidad, en 2015 incorporó 344 agentes entre enero y febrero, sin hallarse evidencia de una metodología tendiente “a evaluar la necesidad de los puestos de trabajo”.

La impunidad empezaba por casa

Alguna vez alguien dijo que Estados Unidos es el único país donde no hay golpes de Estado, porque allí no hay embajada estadounidense. Y en la AFIP no se detectan irregularidades... porque sobre el ente no hay inspecciones. A esa conclusión se acercó la AGN al comprobar que el organismo recaudador funcionaba en inmuebles “pendientes de escrituración”, tales los casos de la delegación aduanera ubicada en la calle Zepita 3102 de Capital Federal, o la de Godoy Cruz al 2666, en Boulogne, sin “planos actualizados que exhiban la correcta delimitación”, e incluso las situadas en Hipólito Yrigoyen al 370 o Azopardo al 350, operando con calderas “con habilitación vencida o pendientes de habilitación”.

En este sentido, la AGN detectó el faltante de información sobre “impuestos al día, estado de ocupación, clasificación de su estado, cantidad de inmuebles, vencimiento de alquileres, mantenimientos, controles edilicios y de instalaciones eléctricas, planes de evacuación, habilitación de calderas, mampostería, cerramientos, seguridad interior en edificios, instalaciones sanitarias y de gas, registro de inspecciones, aprobación por autoridad competente, etcétera”. No se halló, insistieron los auditores, documentación “sobre el estado de la totalidad de los edificios” de la AFIP, atentando contra el “personal, terceros que puedan verse afectados, su propio patrimonio y los bienes de terceros”.

Por esto, la AGN intimó a “instrumentar la escrituración pendiente”, a realizar un “relevamiento integral de infraestructura edilicia”, a “concluir la actualización de las habilitaciones de calderas de todos los edificios”, a “implementar planes de contingencia” y a “establecer metodologías de control contable de las obras”.

Esa desidia, que en tiempos de Echegaray le hubiera costado la clausura de su local al más modesto de los comerciantes, en la AFIP se advertía como una práctica sistemática, justificada en esa doble vara que castigó a algunos y a la vez garantizó impunidad a hombres como Lázaro Báez o Cristóbal López, comenzando por el propio garante de tales abusos.

Un ente anclado en el siglo pasado

A la necesidad de implementar “actividades de control desde el área contable, con procesos de análisis periódicos” que permitan aportarle “confiabilidad” a los balances, la AGN agregó un llamado de atención más tangible y evidente en torno a la “gestión de bienes”. “No se advierte en los funcionarios y agentes conciencia respecto de la guarda, conservación y movilidad de los bienes, siendo normal la visualización de los mismos en pasillos de edificios de la entidad, sin el control propio del responsable o la existencia de bienes en condición de desuso sin procederse a gestionar su baja o reasignación”, describieron los auditores. Ejemplificaron esto último con la “persistencia de elementos de antigua data o con usabilidad limitada” como “disquetes de 3,5 pulgadas”, un dispositivo de almacenamiento del siglo pasado, obsoleto y hasta desconocido por las nuevas generaciones, que encuentran en el USB o las memorias micro SD su sustituto.

Las irregularidades, en números

- $759 millones: es la cifra por aportes y asignaciones familiares sobre la que la administración de Echegaray no aportó documentación.

- $43,6 millones: es el monto de deuda con el Estado Nacional cuyo pago no pudo acreditar el organismo recaudador.

- $691 agentes:  incorporó la AFIP entre 2014 y 2015, bajo criterios de “excepcionalidad” que no pudo justificar.

Fuente Diario Hoy La Plata