Sábado 20 de Abril de 2024

JUDICIALES

5 de marzo de 2018

Bonadio elevó a juicio oral la causa por el memorádum con Irán

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros, están acusados por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

La ex presidente Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral y público para ser juzgada por la firma del memorándum de entendiemiento con Irán.

Además de la ex presidente, Timerman y Zannini, fueron enviados a juicio el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli, la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, el diputado nacional Andrés Larroque, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el dirigente de la comunidad Jorge Khalil, el dirigente social Luis D'Elía, el ex titular de Quebracho Fernando Esteche y el agente de inteligencia Alan Bogado.

Zannini, D'Elia, Esteche, Khalil están presos desde diciembre pasado porque el juez consideró que en libertad podrían entorpecer la investigación.

Cristina también tiene prisión preventiva pero no se concretó porque tiene inmunidad de arresto por sus fueros como senadora nacional.

"Dadas las probanzas recolectadas en este sumario, se consideran reunidos los extremos necesarios para que el mismo pase a su ulterior etapa, en relación a los doce imputados indicados al comienzo de la presente resolución, como acertadamente propician el Sr. Fiscal y las querellas", sostuvo el juez Bonadio en su resolución de 29 páginas.

Los acusados fueron procesados por Bonadio por los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional. La Cámara Federal confirmó los dos últimos delitos, revocó la traición a la patria y sumó el de abuso de autoridad.

La causa se originó el 14 de enero de 2015 tras la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman, quien cuatro días después apareció sin vida: en dos oportunidades fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas y finalmente apartado del caso, quedó en su lugar Ariel Lijo.

Pero Lijo luego dispuso que por conexidad pase a su par  Claudio Bonadio porque este último tenía a su cargo una investigación por presunta traición a la patria contra Timerman y Cristina Kirchner, por haber firmado el Memo con Irán pese a  saber de la presunta responsabilidad de Irán en el atentado.

“A los acusados se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina”, recordó Bonadio en su resolución al disponer elevar a juicio.

Según la acusación del fiscal federal Eduardo Taiano, con el cambio de Gobierno de Néstor a Cristina Kirchner “comenzaron a gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con representantes de la República Islámica de Irán que culminaron en la suscripción del Memorando de Entendimiento”.

El tratado con Irán se firmó el 27 de enero del 2013 en la ciudad de Addis Abeba, Reino de Etiopía, y según Bonadio esa herramienta “fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Kirchner al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación”.

Según el juez el plan fue “orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner”, y que como funcionarios “abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados, participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní”.

Bonadio elevó a juicio al considerar que están reunidos “los extremos necesarios para que el mismo pase a su ulterior etapa, en relación a los doce imputados” y que está “acreditada la materialidad del delito investigado”.

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