El segundo jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) santiagueña, Luis Manuel Paz, acusado de un millonario fraude con pensiones "truchas", tras permanecer tres semanas prófugo, se entregó a la policía. 

Paz, coordinador del área de Gestión prófugo de la justicia federal. se presentó ayer en la unidad móvil de Gendarmería Nacional con asiento en Santiago del Estero y por disposición del juez federal, quedó detenido e incomunicado.

El acusado, oriundo de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se encontraba prófugo de la justicia, que había ordenado su captura nacional e internacional.

El nuevo detenido de la causa, que ya suma nueve entre empleados del organismo nacional y beneficiarios, hace 11 años que se viene desempeñando en cargos jerárquicos, y según los investigadores es "el cerebro" de la organización que se dedicaba a tramitar y autorizar el pago de las pensiones "truchas".

En tanto, el juez Molinari indagó hoy a Ricardo Trotta, empleado de la Anses y sindicado como "la mano derecha" de Paz en el otorgamiento de los beneficios que provocaron una defraudación que supera los 20 millones de pesos.

Similar trámite se cumplió con otra empleada del organismo, Graciela Saad y con anterioridad también fue interrogado César Torres.

En los próximos días, el magistrado tiene previsto indagar a los beneficiarios de las pensiones "truchas", que aparecían casados con personas que habían fallecido hace varios años y que cobraban jubilaciones que superaban los 30.000 pesos.

Entre los principales beneficiarios figuran tres detenidos: Celeste Soledad Lucatelli, asesora y sobrina de la diputada nacional Mirta Pastoriza, que cobró un monto de 867.651 pesos; su hermano Héctor Lucatelli y su pareja Paola Andrea Conte, que percibieron 1.240.285 pesos. Ambos, para acceder al beneficio, fraguaron un divorcio.

En el caso de la asesora del Congreso Nacional, figura que contrajo enlace con dos personas fallecidas, el mismo día y hora.

Asimismo, se logró determinar que los beneficiarios cobraban previamente una importante suma de dinero en concepto de retroactivos, que se distribuía entre gestores y empleados de Anses.

Para el otorgamiento de las pensiones, por montos que oscilaban entre los 12 y 29 mil pesos mensuales, eran utilizadas actas de matrimonio falsas en las que jóvenes aparecían casadas con personas fallecidas. Estas actas eran elaboradas en oficinas de Registro Civil del interior provincial.

Por su parte, el fiscal federal Pedro Simón pidió la inhibición de bienes de todos los detenidos e imputados en la millonaria defraudación al organismo nacional.

En todos los casos, los apresados están acusados de los delitos de "falsificación de documentos públicos, defraudación y asociación ilícita" y en el caso de los empleados se les suma el de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".