Luego de concluidas las audiencias públicas en las que expusieron unos 700 oradores, el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Familia que debaten la legalización del aborto, se reunió hoy con un objetivo claro: lograr el mayor consenso posible para obtener un dictamen de mayoría y votar su media sanción la semana próxima.

Se trata de un nuevo texto redactado en base al proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que incluye otros proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y algunas modificaciones de última hora.

Respecto a la "objeción de conciencia", el dictamen permite que los médicos se nieguen a interrumpir un embarazo, pero solo habilita esas situaciones de manera excepcional para los profesionales que se inscriban con anterioridad en un registro.

El segundo cambio se refiere al artículo que habilitaba a las adolescentes menores de 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres. Se decidió remitir a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial.

Esa norma, aprobada en 2014, indica que los jóvenes de entre 13 y 16 años "tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física". Agrega que si se trata de tratamientos invasivos, "el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores", y que en caso de conflicto entre ambos "se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica".

Un tercer cambio tiene que ver con la posibilidad de realizar un aborto después de la semana 14 en casos de "malformaciones fetales graves". Ante críticas que señalaban que se estaba habilitando de esa manera una suerte de eugenesia (por ejemplo, ante un diagnóstico de síndrome de Down), se dispuso que solo se permitirá después de la semana 14 si se trata de "malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina".

En sintonía con la ley vigente en la actualidad y con el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo, el aborto después de la semana 14 de gestación también quedaría autorizado en los casos de violación (en los que bastaría con una declaración jurada de la mujer, sin intervención judicial) y cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer, "considerada como derecho humano".

El cuarto cambio consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten su voluntad de abortar consejerías interdisciplinarias. Esta instancia no incluiría un período de reflexión obligatoria y no afectaría el plazo máximo de 5 días estipulado en el proyecto para la realización del aborto desde el momento en que la mujer asiste al centro de salud.

La quinta modificación apunta a reforzar las políticas de salud sexual y reproductiva. Es una forma de dotar a la iniciativa de un enfoque integral que permita neutralizar los argumentos de los diputados que proponen reforzar la prevención en lugar de legalizar el aborto.