En la presentación ante la jueza María Servini, el pedido comprende a Mariotto, excoordinador del programa FPT, Rafael Armando Savino, expresidente de San Lorenzo; José Lemme, presidente de Defensa y Justicia; Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT, y Rubén Manuel Raposo, exdirigente de Lanús.
   
También incluye a los exdirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, exCEO de Iveco.
   
La investigación se inició en mayo por la denuncia de Graciela Ocaña por el supuesto manejo irregular del Fútbol para Todos, programa creado en 2009, entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pues acusó de que no se cumplió con el estatuto en cuanto a que el dinero público iba a mejorar la situación de los clubes en cuanto a su situación económica, o bien también ocurrió que las instituciones lo desviaron sin el debido control del Estado.
   
"El convenio en cuestión estableció que la AFA, en su calidad de único titular, cede en forma exclusiva a la Jefatura de Gabinete los derechos de explotación primarios y secundarios, por sí o por terceros, por cualquier sistema o procedimiento audiovisual en distintos formatos, de las imágenes y/o sonidos obtenidos en ocasión y desarrollo de cada uno de dichos encuentros de los torneos de fútbol de primera categoría organizados por la AFA durante la vigencia del acuerdo, la cual es de diez años, contados a partir del día 20 de agosto de 2009", recordó el fiscal Taiano.
   
Por año la suma mínima garantizada por el Estado Nacional fue de 600 millones de pesos aunque se fueron agregando otras sumas a los contratos que se firmaban año tras año.
   
"Le imputo a Aníbal Domingo Fernández haber participado en la ejecución de una administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional, en su carácter de Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en relación con el Programa nro.46 "Fútbol Para Todos" de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación" del año 2009.
   
A Segura, lo acusan del desvío de unos 87.426.875 de pesos que la AFA entregó en poder de la Fundación "El Futbolista", en la que la primera se obligó a ingresar a esa fundación el equivalente al 2% de las sumas brutas totales que recibiera por la transmisión por televisión de los partidos que disputaran los clubes a ella afiliados.
   
También el haber pagado el préstamo otorgado por el Banco Credicoop Cooperativo Limitado a la Asociación del Fútbol Argentino, garantizados con la cesión del convenio de fecha 20 de agosto de 2009 entre AFA y JGM, por un monto de 10.000.000 en 36 cuotas.
   
"El hecho de que, como ha podido demostrarse en la causa, no conste la existencia de ninguno de los informes mensuales que debió presentar la JGM a la AFA sobre los resultados de la comercialización de los derechos cedidos, donde debían constar la nómina de clientes y montos facturados a cada uno (cláusula 9 del contrato de asociación), revela la distancia entre el convenio de fecha 20 de agosto de 2009 y la modalidad de la ejecución del contrato", sostuvo Taiano.
   
Para el fiscal "hubo una decisión política en 2009 instrumentada desde los más altos niveles del Poder Ejecutivo, consistente en la participación estatal en la actividad de difusión del fútbol profesional, para lo cual se celebró un contrato con la AFA".
   
De acuerdo con el contrato, "el Estado consideró que el producido de la comercialización de los derechos televisivos adquiridos a la AFA no sólo habría de cubrir el precio de dicha contratación, sino que incluso habría de generar un ingreso superavitario adicional que habría de fomentar también uno de los fines centrales de la Secretaría de Deportes de la Nación, que era el fortalecimiento del deporte olímpico".
   
"A ello debe sumarse que también se encuentra documentado en la causa que el fortalecimiento económico de los clubes determinado como propósito esencial del programa no sólo no se verificó, sino que, como lo ha explicado la veeduría actuante en autos, sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP", concluyó.
   
En el mismo sentido, se concluye que Capitanich y Fernández como jefes de Gabinete "no han cuidado ni controlado los ingresos generados por el Programa Fútbol para Todos".