Martes 16 de Abril de 2024

18 de septiembre de 2018

Ex intendenta del FPV fue condenada pero no irá a prisión

El juez Marcelo Soria condenó a Mónica Hernández, la ex intendenta de la localidad de San José en Santa María, por el delito de fraude contra la administración pública.

La ex edil recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, por lo que no irá a la cárcel.
Además, en el veredicto el magistrado dictaminó una inhabilitación de por vida para la ahora condenada, para ejercer cualquier cargo público. 


Desde la defensa de Hernández, adelantaron que apelarán la sentencia ante la Corte de Justicia local. 
La pena fue coincidente con lo solicitado por el fiscal subrogante Alejandro Gober, quien señaló en sus conclusiones finales que el delito fue corroborado, por ende solicitó la pena antes mencionada, aunque por la falta de antecedentes, la misma no se efectivizará. 
Al conocer la sentencia, la ex intendenta señaló ante la prensa que no tuvo sorpresa: “Sabemos cómo es la Justicia y en manos de quién está”, entendiendo que todo el proceso judicial fue “político”.
Según manifestó Hernández, “interpreto que el mensaje de la Justicia es no dejarte seguir en un lugar político o pretender en democracia decir que no podés ser absolutamente nada”, remarcó.
Además, respecto a su continuidad en la carrera política, la ex intendenta descartó una candidatura al cargo que ocupaba: “No tenía intención de ser candidata de nuevo, esto es para personas que están para hacer política y no dar respuestas a la gente”, enfatizó.
La ex intendenta criticó a la Justicia y principalmente al fiscal que llevó la causa a juicio. “Hace 10 años que vengo luchando con esto, donde un fiscal (Marcelo González) que ya no es fiscal y que está quizás en peores condiciones que yo y jamás se le conoció un caso que haya hecho justicia”, remarcó.

Hecho
El hecho por el cual Mónica Hernández llegó a juicio sucedió a finales de 2007, cuando descubrieron que había alquilado de forma irregular un camión por 19.800 pesos mensuales, eludiendo así las formalidades que correspondían, debido a que el monto superaba los 200.000 pesos anuales y por lo tanto debió haber llamado a licitación pública. 
Durante el debate, el magistrado entendió que se trató de un ardid en perjuicio de la comuna de San José, del cual también está acusado el propietario del rodado, Oscar Rogelio Maldonado, quien fue separado en este juicio y será juzgado en otra oportunidad.


EL ESQUIU

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