La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, criticaron hoy un fallo de la Corte provincial que pone límites a las detenciones.

La decisión del máximo organismo de justicia de Mendoza obliga a los fiscales a informar en 24 horas a un juez de garantías y en el mismo plazo, el magistrado deberá resolver sobre la detención.

El fallo hizo lugar, así, a un hábeas corpus colectivo, que permitirá la inmediata liberación “de más de 800 personas procesadas sin sentencia”, indicaron desde la Gobernación.

Asimismo, le ordenó a los órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público la “regularización” de las persones con órdenes de detención fiscal sin control jurisdiccional.

En una teleconferencia, la ministra Bullrich, el gobernador Cornejo, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Gianni Venier, entre otros funcionarios, evaluaron “la imprudencia y el peligro” que implica el fallo del tribunal y “determinaron los pasos a seguir, tanto a nivel operativo como a nivel judicial, que serán definido a lo largo del fin de semana”.

En un comunicado, desde el gobierno provincial se indicó que el objetivo planteado es que la Corte Suprema no implemente y no ejecute en forma material este fallo y buscarán que ésta dicte una acordada de suspensión o prórroga “hasta tanto se convoque a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia”.

A la vez, “se evalúa convocar, en el marco de la Ley de Seguridad Interior, a la mesa de crisis en conjunto con el Ministerio de Seguridad, ya que al ser Mendoza una provincia de frontera, esta decisión podría alterar la política de seguridad dictada a nivel nacional y disponer de una cantidad de recursos que deberían ir a la lucha contra el narcotráfico a la ejecución del mencionado fallo”, agregó el texto oficial.

Según se advirtió, la decisión tiene diversos efectos, como “crear un ambiente de indefensión en la población de la Provincia, poner en peligro la integridad de quienes colaboraron como testigos con el sistema judicial y, fundamentalmente, generar un claro estado de gravedad institucional al provocar una situación de emergencia de seguridad”.

“Esta decisión judicial es contraria al diagnóstico efectuado por las autoridades locales en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, donde se votó unánimemente por la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública”, se indicó.

Tras considerar que “fue una decisión de la Corte para adentro del Poder Judicial”, los funcionarios pusieron en duda que las disposiciones del máximo tribunal sean factibles de ser aplicadas, porque “Mendoza está lejos del esquema ideal en procesos penales, por lo que es una incógnita saber si el Poder Judicial estará a la altura de aplicar estas nuevas disposiciones”.