El colmo de la situación se produjo ayer a la siesta cuando el administrador del IPV, Dante López Rodríguez, dio la orden de inaugurar el puente, que todavía no está concluido porque se complicaba el acceso. La empresa Hormicat que realiza la obra efectuó una exposición policial. 

Cerca de las 15 horas, López Rodríguez llegó hasta el barrio y ordenó que se despeje el terraplén de piedra que impedía el tránsito por el puente y acondicione algunos detalles que impedían el tránsito de vehículo. La obra está todavía en ejecución y según la empresa existe riesgo para los transeúntes. 

Ante la situación, el responsable técnico de la empresa, Carlos Jesús Rodríguez, se dirigió a la Comisaría Novena donde realizó una exposición policial en la que afirmó: "Quiero dejar constancia que el puente 1 fue habilitado para el normal desempeño por personal del IPV.

Este puente pasa por el río Ongolí, acceso al barrio Valle Chico, y nosotros no autorizamos la normal circulación ya que estamos a cargo de la obra y la misma no está terminada”, indicó en la exposición policial. Rodríguez presentó como testigo a la diputada Analía Brizuela (FCS), integrante de la Comisión de Obras Públicas, que al enterarse de la polémica se había trasladado hasta el barrio. 

Analía Brizuela relató que cuando llegó al lugar ya se encontraban los responsables de la empresa Hormicat, el administrador del IPV, Dante López Rodríguez, efectivos policiales y la maquinaria de la Municipalidad de la Capital que realizaba el desbloqueo del puente para habilitar el paso. Si bien la loza de hormigón del puente ya está finalizada todavía falta acondicionar otros detalles. 

Brizuela comentó que, en ese momento tuvo un breve diálogo con López Rodríguez quien afirmó que asumía la responsabilidad por la habilitación del puente ya que era necesario un acceso. Ante la negativa de la empresa, López Rodríguez afirmó que sería una solución transitoria y se comprometía a garantizar la seguridad con la presencia de policías que controlarían el cruce por el puente durante las 24 horas. 

En ese marco, López Rodríguez afirmó que se trataba de una solución transitoria ya que cuando baje el río, la gente volvería a usar los accesos que están por debajo del puente. 

Según pudo averiguar este diario, el puente 1 está casi concluido. Sin embargo, el IPV solo habría pagado el 40% de la obra. La situación obedece a la falta de financiamiento en el organismo que tiene una deuda incalculable con las empresas constructoras. Ese sería uno de los motivos por los que la empresa HORMICAT demoraba también la entrega de la obra. La misma empresa tiene a cargo la construcción del segundo puente. 

La situación sumó otro escándalo en la corta vida de la Ciudad Satélite. Es que, en diversas oportunidades, y a través de los informes de organismos técnicos se advirtió que en esos terrenos existía riesgo de inundabilidad. Sin embargo, el Gobierno decidió seguir adelante con la operación inmobiliaria para adquirir 300 hectáreas que demandaban una fuerte inversión. 

 Pedido de informes

La diputada Analía Brizuela adelantó que solicitará al IPV que responda hasta cuándo mantendrá la habilitación transitoria del puente porque representa un riesgo para los transeúntes. Además, es "ilógico" que se afecten policías durante 24 horas para custodiar el puente. 

Brizuela señaló que, más allá del receso legislativo, la oposición seguirá de cerca la situación de las obras en la Ciudad Satélite. 

El bloque del FCS pretende indagar también en la situación financiera en la que quedaron la secretaría de la Vivienda y el IPV.