El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, expondrá hoy ante los diputados nacionales del oficialismo sobre el expediente referido al acuerdo de cancelación de deuda entre el gobierno y el Correo Argentino S.A. Asimismo, ayer trascendió que Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, se reunió, días antes del polémico arreglo, con el presidente actual de la empresa.

Por su parte, Victoria Donda pidió que "el gobierno dé marcha atrás con esta medida escandalosamente fraudulenta".


Ante la mirada, solamente, de los legisladores de Cambiemos, Aguad explicará el acuerdo que el Estado tuvo con Correo, medida que condona parte de la deuda que la familia Macri mantiene desde que quebró a esa empresa. La reunión será a partir de las 19.30 en el Anexo C de la Cámara de Diputados a puertas cerradas.

Es por eso que los principales bloques opositores anticiparon que llevarán el tema al recinto en la sesión prevista para mañana, en la que se debatirá el proyecto sobre Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Cabe destacar que Aguad recibió cuatro denuncias penales por supuesta administración fraudulenta y dos pedidos de interpelación en la Cámara Baja, presentados por el bloque Justicialista y por el Frente para la Victoria -PJ.

A los dolores de cabeza que tiene Mauricio Macri, se sumó un trascendido: Laura Alonso se juntó con el presidente del Correo días antes del polémico acuerdo. La titular de la Oficina de Anticorrupción recibió en su despacho a Irigoin el 3 de junio del año pasado, tres semanas antes de que se concretara la audiencia pública para llegar a un acuerdo entre el Correo y el gobierno.

Irigoin también estaba al frente por obra de la familia Macri cuando el Correo quebró.


Más críticas


Ante estos manejos, Victoria Donda (diputada nacional) presentará mañana un amparo ante el Fuero Contencioso Administrativo para que se suspenda cualquier resolución en relación con el acuerdo entre la empresa de la familia presidencial y el Estado nacional.

"Es fundamental que los organismos públicos encargados de detectar posibles casos de conflicto de intereses se expidan antes de que el acuerdo quede firme. Estamos hablando de un juicio que involucra al padre y los hijos del Presidente, que lleva más de 16 años de proceso y que este gobierno quiere finalizar en menos de 6 meses a través de un acuerdo cuestionado como "abusivo y perjudicial" para el Estado por la fiscal de la causa, lo que podría significar que se le perdone a la sociedad de la familia del Presidente (SOCMA) 70.000 millones de pesos", destacó.

En tanto, el diputado nacional del Frente Renovador, Alejandro Grandinetti, anticipó que ese bloque trabaja en la presentación de un pedido de informes para exigirle al Poder Ejecutivo Nacional que se detallen todos los alcances del acuerdo al considerar que el Congreso "no puede quedar al margen de la investigación".