El juez federal Ariel Lijo rechazó apartarse de la causa que investiga a la ex presidenta Cristina Fernández por el encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, mientras la ex jefa de Estado pidió el alejamiento definitivo del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Gerardo Pollicita.

En una resolución que se conoció este viernes, Lijo sostuvo que no es viable la recusación planteada por Cristina Fernández “ante la presunta pérdida de imparcialidad frente al caso, en virtud de que no existe ningún elemento concreto para considerar que me encuentro comprendido en alguno de los supuestos previstos por el artículo 55 del Código Procesal Penal, como así tampoco que haya o pueda actuar con un interés particular”.

“Hago saber a V.E. que no poseo un interés personal en la causa, que no existe temor de parcialidad de mi parte, que no me encuentro comprendido por ninguna de las causales establecidas en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, y que mis decisiones en el marco de este expediente han sido dictadas con total objetividad”, dijo Lijo en un escrito que deberá ser evaluado por la Cámara Federal para determinar si lo confirma.

En esa decisión no participarán los jueces Jorge Ballestero ni Eduardo Freiler, de la Sala I, porque -al igual que el desplazado Daniel Rafecas- habían entendido que la denuncia de Nisman no debía abrirse por inexistencia de delito y lo ratificaron cuando se presentaron nuevas pruebas.

Hace una semana, la defensa de la ex presidenta recusó a Lijo para evitar que siga interviniendo en la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y pidió que el caso sea investigado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, que instruye el expediente de la explosión de la mutual judía ocurrida en 1994.

Un rato antes de que Lijo rechazara su apartamiento, la ex jefa de Estado pidió el apartamiento del fiscal Pollicita, que ya pidió medidas para avanzar con la denuncia de Nisman.

Mediante un escrito de sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, la ex mandataria recordó que el Ministerio Público es una estructura jerárquica y que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación -el máximo tribunal penal del país- desistió de reabrir la causa que había sido cerrada en dos oportunidades.

La denuncia de Nisman fue reabierta a instancias de la querella, que lleva adelante la DAIA-AMIA, pero no por impulso de los fiscales, que en una instancia de apelación superior decidieron, a través del fiscal Javier De Luca, que la causa debía ser archivada.

De Luca es jerárquicamente “superior” a Pollicita, por lo que la denuncia de Nisman no podría ser impulsada (mucho menos estar “delegada‘) en un fiscal de primera instancia, argumentó la defensa de CFK.

En ese contexto, la ex mandataria solicitó que se deje sin efecto la delegación en la fiscalía, de modo tal que el expediente sólo podría seguir adelante con el impulso de la querella.