El presidente catalán, Carles Puigdemont, elevó su desafío al gobierno de España al afirmar en Madrid que el referéndum secesionista de Cataluña se celebrará porque el Estado español "no tiene tanto poder" para impedirlo, y que el siguiente paso será negociar la "transición".

En la que supuestamente fue la última oferta para negociar un referéndum antes de anunciar la fecha de una consulta unilateral, que se cree será el 1 de octubre, el líder independentista fue contundente y advirtió a Mariano Rajoy que si no hay acuerdo, lo que quedará es "articular el resultado", que da por hecho que será a favor de la independencia. 

Por enésima vez, Puigdemont dejó claro que no habrá marcha atrás en su plan de ruptura, pero volvió a reclamar "voluntad política" a Rajoy para sentarse a la mesa a dialogar "sin reproches, sin amenazas y sin tópicos”, para acordar las condiciones de una consulta de secesión.

Puigdemont brindó una conferencia en el Ayuntamiento de Madrid bajo el lema "Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático", después de que el viernes pasado el Ejecutivo de Rajoy, sin cambiar de postura respecto a su negativa a que se celebre la consulta, lo invitó a explicar su propuesta en el Congreso de los Diputados. 

El líder catalán, quien ese mismo día rechazó la oferta, explicó que "no" acudirá al Congreso de los Diputados español para explicar su propuesta porque sería "un error". "No cuenten con nosotros para ninguna escenificación de falsa voluntad", sostuvo, ante lo que consideró una "coartada" del gobierno central.

En el Congreso de los Diputados español, las fuerzas "constitucionalistas" son mayoría, por lo que la posibilidad de que salga adelante una propuesta que plantea la posibilidad de secesión que rompería la "unidad" de España es nula. En 2005, el entonces jefe del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, aceptó defender ante el Congreso su plan soberanista, que incluía el reconocimiento del derecho de autodeterminación en la ley de autogobierno vasco, y la propuesta fue rechazada.

Por eso, Puigdemont pidió al líder del conservador Partido Popular (PP) que sea audaz y lleve a cabo una "operación de Estado" para acordar un referéndum, comparando la situación a la decisión -un decreto- que permitió el regreso del exilio del ex presidente catalán Josep Tarradellas durante la transición democrática, antes de que se promulgara la actual Constitución española. Asimismo, sostuvo que "aunque lo intenten, el Estado español no tiene tanto poder para impedir tanta democracia", momento en el que el auditorio interrumpió su discurso con una ovación. "Esperaremos hasta el último minuto de la prórroga" para acordar un referéndum con el Estado. Y si no se puede, el plebiscito "se celebrará igualmente" y después se volverá a buscar el diálogo y negociación con el Estado pero no para un referéndum sino para "implementar el resultado y articular la transición al nuevo Estado catalán", dijo.

Rajoy: "Es difícil encontrar un precedente tan antidemocrático"

Horas antes, en un clima de tensión ya elevado, Rajoy reiteró a Puigdemont que lo único que podía hacer era acudir al Congreso a explicar su propuesta, después de calificar de "chantaje" y "amenaza" al Estado la publicación del supuesto borrador de la llamada "ley de ruptura" con la que Cataluña pretende separarse de España.

"Nosotros pensamos desde el Partido Popular que el buen funcionamiento de un sistema democrático exige que se venga al Parlamento", sostuvo Rajoy en conferencia de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

Rajoy reaccionó así después de que el diario El País publicara el "plan B" que pretende activar el gobierno independentista catalán si fracasa, como es previsible, su último intento por celebrar un referéndum de secesión, acordado o no, con el Estado español. Desde Cataluña se desmarcaron del documento publicado, aunque no lo hizo Puigdemont.

El líder del grupo parlamentario independentista Junts pel Sí (Juntos por el Sí), Jordi Turull, negó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno catalán vaya a activar la independencia de forma unilateral, en contradicción con lo que dijo luego el presidente catalán.

El documento en cuestión es la Ley de Transitoriedad Jurídica, más conocida como "ley de ruptura", que marca el camino para evitar un vacío legal en el momento en que se "desconecte" con el marco jurídico español y se active el nuevo marco del Estado catalán independiente.

La normativa estaría vigente durante dos meses, el plazo en el que se pondría en marcha un proceso constituyente que desembocaría en la creación de la "República de Cataluña". Los autores del texto dan por descontado cuestiones de gran trascendencia y complejidad como la permanencia de Cataluña en la Unión Europea (UE), un tema que los dirigentes catalanes están lejos de poder garantizar.

Algo que llamó la atención es el apartado sobre el sistema judicial, ya que el presidente catalán no sólo se reservaría el derecho de nombrar directamente al fiscal general -como ocurre en España-, sino que también podrá designar al presidente del hipotético Tribunal Supremo catalán, lo que "elimina de un plumazo la división de poderes", advierte El País.

La mayoría independentista del Parlamento catalán logró aprobar ya una reforma del reglamento de la cámara que permitiría la aprobación exprés del texto en trámite de lectura única en apenas 48 horas, lo que limitaría la capacidad de reacción por parte de la oposición. "Es difícil encontrar un precedente tan antidemocrático", dijo hoy Rajoy. 

"Lo que publicaron es la liquidación del Estado de derecho, es liquidar la ley, es pretender liquidar el Estado nacional por una ley del parlamento autonómico", añadió. 

"Es un delirio jurídico, es un disparate desde el punto de vista político, jurídico y social", insistió el presidente del gobierno español, quien con un tono serio advirtió que la amenaza secesionista de Cataluña es "uno de los asuntos más graves" que está viviendo España.