Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron este jueves el embargo de todas las propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez.

En el listado de bienes a embargar figuran 25 inmuebles, cedidos a los hijos de la ex presidenta; dinero en efectivo, cedido a Florencia; un automóvil Honda CRV, cedido a ambos hijos, y acciones de las empresas Los Sauces y Hotesur, también cedidas a los dos.

Además, los fiscales pidieron el embargo de 81 inmuebles y porcentajes de inmuebles de Lázaro Báez y cuatro automóviles, entre los que hay un BMW, y acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, entre otros.

Al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Santiago Kirchner, se le pidió el embargo sobre ocho inmuebles, una lancha, siete autos y diez "productos bancarios", según consta en el requerimiento fiscal. 

Los fiscales le pidieron además al juez federal Julián Ercolini que disponga una serie de embargos sobre activos a nombre de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros.

El objetivo del pedido de Mahiques y Pollcitica es "evitar que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar".

En ese sentido, los fiscales reclamaron que "se disponga el secuestro y depósito judicial de los bienes muebles registrables, como así también el depósito en el Banco Nación de los productos bancarios inmovilizados a embargar, constituyéndose plazos fijos de renovación automática".

Los fiscales también solicitaron que se dispongan embargos sobre los bienes del ex director de Vialidad Nacional Nelson Pierotti, quien, al igual que los demás, fue procesado en diciembre de 2016 por el juez Ercolini. 

El magistrado consideró que los procesados conformaron "una asociación ilícita que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015", y que defraudó al Estado al direccionar las concesiones de obra pública en favor de Austral Construcciones, firma de Báez.

Para el juez, "se habría verificado que los procesos licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original".

Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que "el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos".