JUDICIALES

6 de febrero de 2019

Comenzaron los amparos por el tarifazo podrían llegar a la Corte Suprema justo antes de las PASO

El litigio pondrá nuevamente en centro del debate el concepto de "razonabilidad" de los aumentos tarifarios que la Corte Suprema había ordenado en 2016

El Gobierno nacional deberá enfrentar una nueva batalla legal por los “tarifazos”. Este lunes el Centro de Estudios Para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y más de una decena de intendentes bonaerenses del Partido Justicialista presentaron un amparo colectiva contra las resoluciones del Gobierno nacional que dispusieron una nueva suba en la tarifa de la electricidad.   El juez federal Alberto Recondo, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, será quien deba dirimir la cuestión en primera instancia. Se trata del mismo magistrado que tuvo la primera causa del CEPIS en 2016 y que terminó siendo resuelta por la Corte Suprema, que anuló la suba del gas por incumplir con la audiencia pública previa.   También firmaron la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y la Asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO).   De acuerdo a las fuentes tribunalicias consultadas por iProfesional, la resolución del amparo puede caer en una fecha estratégica desde lo político. Es que si todo sigue sobre los carriles normales, la última instancia, es decir la Corte Suprema, estaría en condiciones de fallar tras la feria judicial de invierno, lo que coincidiría con las elecciones primarias.   Este nuevo conflicto comenzó el 1 de febrero pasado cuando la Secretaría de Energía autorizó los aumentos de un 30% promedio en las tarifas de electricidad para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur. A través de diversas resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, los nuevos cuadros tarifarios de ambas distribuidoras comenzaron a estar vigentes.   Ahora, el valor de la tarifa media alcanza a 3,541 pesos por kilowatt hora (kWh) para Edesur, y 3,680 pesos para Edenor. En el Gobierno creen que los usuarios de las categorías R1 y R2 (que representan alrededor del 70% del total) pagarán entre 311 y 866 pesos más por mes.   Además, según el Gobierno, las tarifas subirán 55% a lo largo de este año, muy por encima de la inflación prevista por consultoras privadas, que hasta el momento ronda el 25% anual. El otro tramo será en marzo, cuando llegue un nuevo ajuste del 14%. Para mayo y agosto se prevén sendos aumentos de 4%. La presentación judicial conjunta considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, fijados por la Corte Suprema en 2016, y señala además que "no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública", lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.   En concreto, luego de solicitar a los jueces que "frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable", los actores requieren la suspensión de las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las resoluciones del ENRE y que "se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo". Por Sebastian Albornos, iPROFESIONAL

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