El juez federal de La Plata Alberto Osvaldo Recondo rechazó hoy un amparo que buscaba anular los decretos en los que se dispuso la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el traspaso de ese área al Ministerio de Comunicaciones de la Nación.

Incluso, advirtió que en los últimos años también se dispusieron intervenciones, con menos justificaciones, como la de la imprenta Ciccone, por la que está procesado el ex vicepresidente Amado Boudou. 

En la misma resolución, Recondo -titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N 4- también dejó sin efecto una medida precautelar que había dictado el 30 de diciembre último el juez platense, sin competencia federal, Luis Arias en donde se le ordenaba al Estado Nacional que se abstuviera de “alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia” de la AFSCA.

A criterio de Recondo, Arias se arrogó la tramitación de la causa, y su resolución “careció de legitimidad, por cuanto no se encuentra acreditada la existencia de actos de la autoridad pública que en forma actual o inminente, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos y garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional”.

La causa se inició a pedido de Guillermo Luis Guerín, delegado de la AFSCA-La Plata, para que se declarara vía amparo “la nulidad absoluta del Decreto N 236 del día 22/12/2015, mediante el cual se resolvió la intervención por 180 días” del organismo y el cese en sus funciones del directorio, y también del decreto 13/2015, que dispuso el pase al Ministerio de Comunicación.

El delegado del AFSCA hablaba de vulneración de “los principios constitucionales de división de poderes y de razonabilidad” y existía una “amenaza concreta del derecho a libertad de expresión de los todos los ciudadanos y ciudadanas”.

En ese marco, Arias dictó su precautelar “de prohibición de no innovar” sobre el Estado Nacional, pero el lunes pasado, el abogado Jerónimo Muzzio Lozano, en representación del Estado Nacional -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- apeló la medida citada y solicitó su levantamiento.

Desde el Estado, bajo el impulso del Procurador del Tesoro Carlos Balbín, se sostuvo que correspondía rechazar el amparo por entender que había “circunstancias graves y objetivamente impostergables que justificaran” el dictado de esa medidas y que el presidente Mauricio Macri estaba habilitando para dictar esos decretos.

Hoy, al analizar la cuestión, el juez Recondo aseguró que “el Poder Ejecutivo Nacional pudo y puede proceder a la intervención de un organismo autárquico descentralizado como lo era el AFSCA” y añadió: “no abrigo ninguna duda al respecto”.