Las autoridades del Senado encontraron una nueva regularidad en lo que fue la administración de Amado Boudou al frente de la Cámara alta y que podrían derivar en denuncias judiciales. 

Además de los dos mil pases a planta permanente firmados por el ex presidente en el último año de gestión, del hallazgo de un empleado del Senado que vive en Australia, se suma la cesión de un fondo por resolución conjunta con el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, a la Asociación del Personal Legislativo (APL) para ser usado bajo el concepto de “ayuda social” sin obligación de rendir cuentas sobre su uso o destino, según informó el diario La Nación.

Esto no fue lo único ya que Paula Schuster, la directora de  Prensa de la Cámara alta, descubrió que la gestión de la marca “Senado TV” estaba tercerizada por un privado, configurando un delito. Este órgano político le pagaba un canon mensual a una firma propietaria de la marca, pero para llevar a cabo los programas de ese canal se utilizaban recursos del Senado, que pagaba los insumos y salarios del personal.

En declaraciones a La Nación, Helio Rebot, secretario administrativo de la Cámara alta, explicó: “La empresa aportaba tres cámaras, pero el resto del personal es del Senado. El contrato estaba vencido hace muchos años y la Cámara alta lo pagaba por el sistema de legítimo abono, contra presentación de las facturas, lo cual equivale a una contratación directa pero sin la necesidad de cumplir con requisitos o condiciones”.

Pero esto no fue lo único, ya que también la resolución conjunta de  ambas cámaras legislativas, firmada en junio de 2015, que le entrega a los gremios con representación en el Congreso (ATE, UPCN y APL) el equivalente al 2% de la masa salarial que perciben sus afiliados para ser destinado a “ayuda social”.

Esta resolución equivaldría a unos 160 millones de pesos anuales y fue firmada por Boudou y Domínguez, en donde se aclaraba lo siguiente del aporte: “será mensual, móvil y distribuido en forma proporcional a la cantidad de afiliados que posee cada Asociación Sindical”, pero la rendición de cuentas no existía. Las asociaciones sindicales sólo debieron informar en qué cuenta bancaria depositaban el aporte.

Durante el mandato del ex vicepresidente, el número de empleados de la Cámara pasó de los 2000 permanentes de la gestión de Julio Cobos a 4900 con los que se encontró Gabriela Michetti al asumir. Por lo tanto, la nueva funcionaria ordenó que se evalúen más de 300 empleados del Senado que cumplen funciones en otras dependencias públicas, nacionales o provinciales además del personal que cumple tareas fuera de la Cámara alta.

Una de las personas que figuraba cumpliendo una adscripción, está viviendo en Australia, por lo que las autoridades encargadas de estos casos tendrán que determinar si se trata de un “ñoqui” o de una defraudación y un tercero que cobraba ese sueldo.

En resumen, la herencia de la gestión de Boudou llena de irregularidades, dejó como saldo las siguientes situaciones: 4900 empleados permanentes (más del doble de los que estaban en la época de Cobos), más de 2000 pases a planta permanente, 300 adscripciones (empleados del Senado que trabajan en otras dependencias), un empleado que vive en Australia, $126 millones de presupuesto del Senado, la tercerización de “Senado TV” para su gestión y transmisión,  ”ayuda social” a sindicatos por $160 millones anuales y sin rendición de cuentas.