Viernes 26 de Abril de 2024

CORRUPCION

10 de agosto de 2018

Quieren reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Kirchner

Lo solicitó la Unidad de Información Financiera (UIF) luego de las declaraciones del exjuez Norberto Oyarbide

La causa de los "cuadernos de la corrupción" provocó un nuevo revés. Es que luego de que el exjuez Norberto Oyarbide admitiera presuntas presiones de Néstor Kirchner para que cerrara la causa por enriquecimiento ilícito contra el expresidente y Cristina Kirchner, poco antes de su muerte, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la reapertura de la investigación por un planteo de cosa juzgada írrita o ilegal.

Mariano Federici y María Eugenia Talerico son los encargados de la presentación de la UIF ante la cámara federal porteña, por la cual buscarán que se desarchive la causa donde el exmagistrado dispuso el sobreseimiento, en 2009, ya que admitió presión por parte de los exmandatarios K, el ex director de la SIDE, Antonio Stiuso y el presunto operador judicial, Javier Fernández.         Allanamientos a Cristina: el Senado lo tratará el miércoles   Piden sumar los cuadernos K en otra causa de corrupción en obras públicas La causa que ahora se busca reabrir se inicio en 2008 cuando el abogado Ricardo Monner Sans, entre otros, denunció un aumento del 158 % en el patrimonio que surgía de las declaraciones juradas de los exmandatarios. En ese momento, los peritos de la Corte aseguraron que el incremento en los bienes del fallecido expresidente “no se justificaba” con sus ingresos.   Sin embargo, Oyarbide eligió apoyar su decisión en un informe del contador Víctor Manzanares, ahora detenido, y archivó la causa. Ante esto, el fiscal Eduardo Taiano definió no apelar la medida y muchos asociaron esta decisión con un secuestro express que padeció su hijo. De todas maneras, ante el nuevo concepto de cosa juzgada írrita, que establece la idea de una causa puede haberse cerrado de manera ilegal, una persona puede ser juzgada, dos veces, por el mismo delito.     “Dicho archivo motivó una serie de críticas y reacciones que culminaron en denuncias varias y en pedidos de juicio político para el dr. Oyarbide que - en líneas generales - daban cuenta de la falta de independencia del mismo respecto del Poder Ejecutivo en franca violación con el artículo 109 de la Constitución Nacional”, aseguró la UIF en su presentación.   Y agregó: “Sin embargo, un marco de impunidad cubrió a aquella resolución y al juez que la había tomado, quien finalmente renunció a su cargo en abril de 2016”, pero tras “la investigación llevada a cabo por el dr. Claudio Bonadio en el marco de la causa N° 9608/20171 que ha tomado trascendencia pública en los últimos días daría cuenta de entregas de dinero por parte de los aquí imputados al juez a cargo de la causa, razón por la cual el mismo fue citado a prestar declaración indagatoria”.   “Se trataría nada menos que de una asociación ilícita cuya máxima autoridad habría sido el matrimonio Kirchner y que incluiría al juez que tantas veces los benefició con resoluciones favorables a sus intereses entre las que se cuentan los sobreseimientos dictados en esta causa”, agregó la UIF en su solicitud. Incluso, a principios de año, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó medidas en el denominado "hecho tres", relacionado con los bienes de Cristina Kirchner durante los años 2009 - 2015.   Según trascendió, descubrieron diferencias en los primeros análisis de las declaraciones accionarias. Incluso, hallaron inconsistencias sobre inmuebles y movimientos de plazos fijos. Es que, cuando los Kirchner llegaron al gobierno, en 2003, contaban con un patrimonio de 6.851.810 de pesos, pero cuando fue el turno de que Cristina Kirchner sea presidenta, sus bienes ascendieron a 17.824.941 de pesos.   Y en tan solo un año, el incremento de su patrimonio subió un 158% y se ubicó en 46.036.71 de pesos, siendo que en ese momento la familia presidencial se hizo de las propiedades “investigadas en diferentes causas hasta hoy”, como los dos hoteles Hotesur, por 4,9 millones de dólares, y Las Dunas, por 700.000 de dólares; sin embargo fueron sobreseídos.

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